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martes, 18 de noviembre de 2008

Las repercusiones sobre el polémico proyecto de ley del abogado de la central obrera y diputado Héctor Recalde de penalizar a las empresas con doble o triple indemnización hasta, inclusive, "prohibir los despidos" despertó las críticas del sector empresario y de las cámaras que los representa.

Daniel Díaz Diesel, presidente de la Fundación Pymet, sostuvo que la medida "nos perjudica porque provoca despidos antes de tiempo por si sale la ley". El líder de la organización que agrupa a más de 500 pymes de la provincia, cree que más de 300 han realizado un plan de reorganización que les ha permitido resistir los despidos .

Además explicó a Los Andes que "los costos del 20% de la baja del consumo, de los últimos dos meses, han sido absorbidos por las mismas empresas".

Las pymes emplean al 68% de los trabajadores provinciales y contribuyen en el 80% del Producto Bruto Geográfico, pero ellas a su vez son las más vulnerables del sector privado, por lo que no podrían, por lógica empresarial, despedir a los empleados que les ha costado, quizá, 2 ó 3 años de capacitación.

Tienen una visión parcial

"Que la CGT salga con este proyecto es absolutamente contraproducente y negativo, en tanto que sea una "ley retroactiva" es, incluso, inconstitucional", declaró Adolfo Trípodi presidente de la Federación de Empresarios de Mendoza (FEM). "No ayuda para nada a la preservación del empleo, ya que no crea un ambiente más favorable para las empresas", dijo Trípodi con cierta alarma.

Explicó que sólo en las graves crisis como la del 2001 se tomaron medidas así de drásticas, en tanto, en el contexto actual no se justificarían. Aseguró que la CGT "debería trabajar codo a codo con los empresarios, que son loa actores fundamentales en la creación del empleo y de riqueza". Trípodi dijo que las grandes empresas como los bancos y las petroleras están despidiendo a sus empleados, pero no las pymes de Mendoza.

"Este endurecimiento de la ley laboral, obstaculiza la contratación de nuevos trabajadores, rompe con el dinamismo de la creación de empleo, desampara aún más a los asalariados informales y profundiza la brecha entre los sectores más calificados con los que no lo están, además, de desproteger a los jóvenes", señaló el economista Rodrigo González, especialista en temas laborales.

Este economista explicó que esta medida "desampara" a los sectores más sensibles del mercado laboral y aumenta la tasa de informalidad de los contratados. El 40% de los trabajadores mendocinos están fuera de la ley. El 63% de los asalariados con educación primaria están bajo la informalidad junto con el 70% de los jóvenes.

"Tengo la convicción de que no van a frenar los despidos, a lo sumo se va a despedir menos", indicó Bernardo Zunino, presidente de la cementera Minetti.

"Esto va en la conciencia de los empresarios, si el empleo es sostenible, no hay razones para despidos", subrayó, mientras expresó que "hay otros recursos para la salud financiera de las empresas".

Para Gabriel Salas, directivo de la cadena Átomo, que tiene 100 sucursales y 2.300 empleados, "esta medida perjudica tanto al grande como al chico, pero fomenta el empleo en negro".

A nivel nacional, los dirigentes industriales y empresarios, como el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, también mostraron igual descontento.