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martes, 18 de noviembre de 2008

El juez español Baltasar Garzón renunció a investigar el paradero de los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo en favor de los tribunales provinciales, anunciaron fuentes judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el pasado 16 de octubre que iba a investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos de ese período, y autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas del bando perdedor de la Guerra Civil (1936-1939), es decir los republicanos, y la etapa de represión de la dictadura franquista (1939-1975).

Garzón decidió hoy enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, antes de que la Audiencia decida si Garzón es competente para efectuar esta investigación, indicaron las fuentes.

La fiscalía de la Audiencia Nacional había recurrido la decisión de Garzón, ya que alega que la competencia corresponde a los juzgados territoriales.

El 16 de octubre, el juez pidió además a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables --entre entre ellos el general Franco--, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, que instauró la dictadura, para "declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento", lo que hizo este martes.

Garzón explicó el martes en un auto que "una vez que se ha constatado la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...) la competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desaparecen".

Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de la apertura de las fosas de forma "urgente".

El juez pide "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...). Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos, como en el de los que estén vivos", según el texto del auto.

La fiscalía de la Audiencia Nacional se oponía a esta investigación, que podría ser la primera sobre esa etapa en España, amparándose en una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época.

Pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió recientemente a España que anule esa ley porque estima que está en contradicción con los tratados internacionales ratificados por España.